José Canosa: la ciencia y la universidad deben cambiar

Lo que sigue es una nota de José Canosa, publicado en Ideas, suplemento de Libertad Digital. Creo que merece que se publique completo, no limitándolo a una referencia, que quizá no sea visitada.
El contenido de la nota debiera ser leído no sólo por españoles, sino también por muchos otros.
Sigue el artículo, completo:

La revolución pendiente de la universidad y la ciencia españolas
Por José Canosa

Estudios recientes muestran la ineficacia de los esfuerzos españoles por lograr un nivel universitario y de desarrollo científico y tecnológico equiparable al de los países desarrollados de nuestro entorno.

Muchos de ellos se centran en cuestiones cuantitativas: presupuestos dedicados a las universidades públicas, porcentaje del PIB empleado en I+D, número de investigadores, estadísticas de graduados y doctores egresados de las universidades, etcétera. Pero las causas fundamentales del atraso secular español son otras: el control político de la universidad y la empresa científica, el régimen funcionarial de los profesores universitarios y de los investigadores de los organismos públicos de investigación (OPI) y el concepto medieval y burocrático de los estudios y títulos universitarios oficiales.

Los sistemas universitarios y científicos de nivel internacional se rigen por valores universales que transcienden todas las culturas. Los más importantes son la independencia plena del poder político y los sistemas estables de autogobierno universitario.

Hay que llevar a cabo una reforma radical y realista que permita implantar gradualmente en España un sistema universitario y científico de nivel internacional. El sistema nuevo debe basarse en sólidos precedentes y en experiencias históricas de éxito, tanto en España como en otros países. Los esfuerzos actuales para reformar un sistema burocrático, disfuncional, politizado y medieval recuerdan a los de Gorbachov por hacer más competitivo y abierto el sistema comunista.

Los datos siguientes ponen de manifiesto la importancia de la calidad de las universidades. Entre públicas y privadas, en España hay más de 70. En Suiza hay 10, todas públicas, de las que sólo cinco son investigadoras. España tiene 143.881 publicaciones en el Science Citation Index del Institute for Scientific Information (ISI), para el sexenio 1994-1999; Suiza tiene 89.176 en el mismo período. Sin embargo, el número de científicos suizos que figuran entre los autores más citados en las revistas científicas y técnicas internacionales se eleva a 74; España cuenta con 11 (datos del ISI). Por otra parte, el promedio de patentes suizas registradas por año en Estados Unidos en el quinquenio 1997-2001 fue de 1.519; el promedio español fue de 154 (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

Estos datos demuestran la ceguera de los esfuerzos españoles a la hora de mejorar la calidad del gran número de universidades del país.

El objetivo español debe ser conseguir un número reducido de universidades investigadoras de nivel internacional, y este proceso debe comenzar con una universidad privada sin fines de lucro y con una universidad pública. Éstas serán como faros que iluminarán el camino a otras universidades.

A principios de los 50 se fabricaron los primeros coches en la fábrica SEAT de Barcelona; mientras, Corea estaba inmersa en una guerra que dejaría el país en ruinas. Hoy, Corea exporta coches con marcas y tecnología propias a todo el mundo, mientras que España ensambla los coches de las multinacionales extranjeras. Corea es, asimismo, una potencia mundial en electrónica.

Vista nocturna de la capital de Corea del Sur, Seúl.¿Qué es lo que explica estas diferencias? La visión y la voluntad de los dirigentes del Gobierno y la industria coreanos. Conscientes de las deficiencias de su sistema educativo, en el que las universidades estaban sujetas a rigideces tradicionales y al control de la burocracia estatal, a finales de los 60 el Gobierno decidió crear un nuevo instituto de postgrado especializado en ciencias aplicadas y tecnología, el Korea Advanced Institute of Science (KAIS).

El Gobierno de Corea pidió ayuda al americano; éste mandó a Fred Terman a evaluar el proyecto del KAIS y asesorar al Ejecutivo de Seúl. Terman (1900-1982) es universalmente reconocido como el padre de Silicon Valley y el principal impulsor de la excelencia mundial de la Universidad de Stanford.

En 1971 Terman presentó el informe final de su equipo a los gobiernos coreano y americano. Fue recibido muy favorablemente por Seúl, que puso en práctica sus recomendaciones con rapidez y entusiasmo. Nada se interpuso en el camino: ni tradiciones coreanas ancestrales e intocables, ni "títulos oficiales", ni que el Jefe del Estado firmara los nombramientos de catedráticos, ni otras lindezas medievales análogas. Una de las primeras y más fuertes recomendaciones de Terman fue que el KAIS se liberase del control del Ministerio de Educación.

Los graduados del actual Korea Advanced Institute of Science and Technology se emplean en todos los sectores de la economía nacional, pero sobre todo en la industria. Desde 1981 han fundado más de 360 compañías de alta tecnología.

En aproximadamente la misma época (a finales de los 60) comenzó el despegue de Irlanda, un país conocido durante siglos por su emigración, sus poetas trágicos, sus hambrunas y sus guerras civiles. En menos de una generación Irlanda ha logrado un PIB per cápita superior al de Alemania, Francia y el Reino Unido. Este milagro se basó, entre otras cosas, en la universalización de una educación universitaria gratuita de calidad. Y Gobierno, sindicatos y empresas acordaron un programa de austeridad fiscal, con impuestos corporativos bajos, y otras medidas para la atracción de inversión extranjera.

Los resultados fueron extraordinarios: hoy operan en Irlanda 9 de las 10 multinacionales farmacéuticas más importantes, 16 de las 20 mayores compañías de instrumentos médicos y 7 de las 10 primeras firmas de software.

Esto contrasta con lo que sucede en España, que cuenta con unos 23.000 becarios de investigación (estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales). Todos los estamentos implicados, el Gobierno, las universidades y los becarios, aceptan que la inmensa mayoría de estos futuros doctores están condenados al paro, a menos que el Gobierno les dé empleos públicos. Esto sólo puede hacerse estableciendo veinte universidades más o cuadriplicando el número de investigadores en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o con una combinación de ambas medidas. De ahí las continuas manifestaciones reivindicativas de estos becarios, que reclaman, desde el comienzo de sus estudios de doctorado, contratos con el Ministerio de Educación con derecho a paro.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera.¿Es posible que España salga de este agujero? Por supuesto, si hay la visión y la voluntad política y empresarial de hacerlo. En primer lugar, hay que eliminar las leyes orgánicas sobre universidades, de una imbecilidad manifiesta, que recogen conceptos inútiles y medievales como el de título "oficial".

La primera universidad científica de Europa, Cambridge, ha nombrado a Emilio Artacho, un físico con el doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), senior lecturer y fellow de Clare Hall, uno de sus institutos de estudios avanzados. Cambridge no requirió que los gnomos de un ministerio "convalidasen" los títulos del Dr. Artacho para evaluarlo profesionalmente. Por el contrario, si la UAM quisiera ofrecer una cátedra a un doctor de Cambridge, el proceso no podría ni comenzar antes de que los gnomos del Ministerio de Educación español "convalidasen" el título de Cambridge, un proceso arcano que puede durar más de dos años.

Hace un año el Ministerio de Educación tenía en trámite la convalidación de más de 30.000 títulos universitarios. No es broma. Este ministerio controla, con normas del BOE, el progreso de un estudiante en sus estudios de doctorado para decidir si se le renueva la beca. Es verdad. No se les ocurre transferir a la universidad los fondos para que los profesores asuman su responsabilidad natural.

En segundo lugar, hay que abolir el estatus de funcionario para los profesores e investigadores de futura contratación. En una reunión reciente de la Fundación CYD, presidida por Ana Patricia Botín, cuyos objetivos son promover la mejora de la universidad en España, Lluís Ferrer, rector de la Autónoma de Barcelona, manifestó: "Es una vergüenza que todavía haya títulos universitarios oficiales". Luego, sobre el problema del funcionariado, dijo: "Tenemos un economista joven en la universidad que está considerado entre los tres mejores del mundo. Ha recibido tres ofertas de universidades americanas y, claro, no queremos perderlo. Con el sistema actual, su sueldo está fijado por su categoría en el escalafón, y no puede cambiarse".

El rector recurrió a empresarios catalanes, que pusieron sobre la mesa el dinero suficiente para garantizar la permanencia del joven economista. "Esto lo pude hacer una vez, pero claro, no podré resolver nuevos casos de esta manera", adviritó.

Otro ejemplo de los efectos perversos del funcionariado. Juan Ignacio Cirac (flamante premio Príncipe de Asturias de Investigación) es un físico español que hasta hace poco era profesor de la Universidad de Innsbruck. Considerado uno de los mejores teóricos de óptica cuántica, varias universidades públicas españolas trataron de contratarlo, pero no aceptó por la imposibilidad de negociar sobre su salario y otras condiciones. Cirac es ahora director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, en Múnich.

O sea que, por un lado, no hay medios jurídicos ni económicos para contratar a las promesas jóvenes españolas y, por otro, se ponen 450 millones de euros para el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), bajo el mando de una figura de 63 años residente en Nueva York que no tiene ninguna posibilidad de crear una institución de excelencia, tarea que lleva décadas. Piensa volver a España dentro de dos o tres años para ponerse al frente de la institución. Entre tanto, el CNIC ha acordado transferir 5 millones de euros para financiar los Valentín Fuster Laboratories del hospital Monte Sinaí de Nueva York: el plan Marshall al revés.

Dado el marco legislativo actual, en que el Estado se reserva la facultad de otorgar los títulos universitarios oficiales, la única manera de despegar es creando una universidad privada investigadora de nivel internacional que otorgue exclusivamente títulos propios, siguiendo el precedente de escuelas de negocios como IESE, Icade y Esade, las cuales han alcanzado una reputación internacional. Esto les permite atraer estudiantes extranjeros, hasta el punto de que más del 60% de los graduados del IESE no son españoles.

Debido a sus altos costes, un país sólo puede mantener un número muy reducido de universidades investigadoras de nivel internacional. Para establecer una base científica sólida que sirva al despegue tecnológico de un país, dos o tres universidades son suficientes, como muestran los casos de Suiza, Irlanda y Corea.


JOSÉ CANOSA, doctor en Física Aplicada por la Universidad de Harvard, fue investigador en el Centro Científico de IBM en Palo Alto.
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