Ley de educación argentina casi completada

La semana pasada se concretó el envío de la nueva ley de educación al congreso nacional, en una ceremonia de consenso:

Asistieron los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez; de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens; de la Comisión de Educación del Episcopado, monseñor Guillermo Garlatti; de la Asociación de Bancos Argentinos, Mario Vicens, y del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), hermana Gladis Uliarte, además de gobernadores y legisladores. Estaban, además, Hugo Yasky, titular de la Ctera y de la Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA); Hugo Moyano, de la Confederación General del Trabajo (CGT); Juan Carr, de la Red Solidaria; Margarita Poggi, directora del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la Unesco; rectores de las universidades, y representantes del ámbito académico y de organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Este consenso refleja un trabajo previo de consulta de medio año que es mencionado como un gran esfuerzo de millones de participantes por el ministro de educación:

Filmus celebró la posibilidad de encontrarse "en un clima de pluralidad" 180 días después de lanzar, en mayo último, el debate por la ley de educación. "Permítanme creer que están reflejadas las aspiraciones y los sueños de la mayoría de los argentinos en este proyecto de ley que enviamos al Congreso", expresó. Y se refirió "al esfuerzo que han hecho las más de cuatro millones de personas que participaron del debate"

Este período de consulta sin embargo no parece suficiente para lograr un buen debate, sino más bien para consensuar un proyecto ya definido. Dice un editorial de La Nación:

Esta vez, los educadores y los diferentes actores sociales interesados por la educación se vieron involucrados en el debate. En efecto, pareciera que el Ministerio de Educación supo escuchar y tomar debida nota de los aportes y las críticas que la ciudadanía había ido expresando a través de sus organizaciones. Debe destacarse la prudencia y el esfuerzo realizado por el ministro para incorporar distintas posiciones y acordar consensos fundamentales que quedaran plasmados en el articulado de la futura norma en sus dos fases de redacción.
A lo largo de seis meses, pues, se han realizado numerosos actos de difusión y jornadas de reflexión y debate de propuestas, en los que participaron miles de docentes, padres, más de 700 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de docentes y no docentes, y centenares de académicos, intelectuales, dirigentes gremiales, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Esta original forma de elaborar una norma le otorgará a la futura ley legitimidad social y, además, señala el camino a través del cual deberá aplicársela.

Algunas de las características de la nueva ley:

Un análisis profundo del proyecto presentado muestra que intenta corregir las deficiencias del texto legal que lo precedió, la ley federal de educación, para alcanzar soluciones efectivas y realistas. Entre otras, además de restablecer la tradicional división entre escuela primaria y secundaria, están la recuperación de la responsabilidad del Estado nacional, como garante del derecho a la educación y al conocimiento; la asignación de una inversión no inferior al 6 por ciento del producto bruto, destinada exclusivamente al sector educativo; la escuela secundaria obligatoria, que extiende el total de la escolaridad obligatoria a trece años; la jornada extendida o completa para las escuelas primarias, lo cual permitirá la incorporación de nuevas actividades educativas; la reforma curricular e institucional de la escuela media; la enseñanza obligatoria de una segunda lengua y de las nuevas tecnologías de la información, y se explicitan un conjunto de medidas destinadas a mejorar la calidad de la educación.
También en el articulado se resguarda debidamente la libertad de enseñanza y se restablece la importancia de la formación docente inicial y continua en el nivel nacional.
El proyecto define a la educación como "un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado". (...) Fija la obligación del Estado de garantizar la oferta de la sala de jardín de infantes de cuatro años y da carácter vinculante para las provincias a las decisiones del Consejo Federal de Educación. [La Nación, 17-11-06]
Establece el mejoramiento de la formación de los docentes como un factor clave de la calidad de la educación, crea el Instituto Nacional de Formación Docente y admite dos modalidades en la carrera docente, al prever ascensos y promociones sin dejar el aula y en la gestión directiva.

Un aspecto negativo en la presentación: aparece una discordancia representada por uno de los pilares que deberá construír la reforma: la posición de los gobernadores provinciales. La explícita oposición del gobernador de Salta expresa uno de los problemas estructurales que Argentina debe afrontar y resolver: su organización federal, y la independencia, autonomía o aislamiento, según sean las posibilidades de la provincia de que se trate. ¿Quién aplicará la reforma?
Dice el gobernador:

"La letra del documento es dañina para los Estados provinciales ya que sobre sus administraciones cayó la obligación de la Educación cuando en 1991- fueron traspasados los establecimientos nacionales".
En ese sentido, explicó que "el anteproyecto de ley dispone acerca del porcentaje presupuestario que se va a destinar a Educación, con lo cual usurpa facultades de las Legislaturas provinciales, a las cuales les corresponde establecer los respectivos presupuestos anuales de gastos"
(...) [Señaló la intención] de sustituir al legislador provincial del tratamiento de leyes de esta naturaleza. Según interpreta, las mismas suponen la consulta a los Estados provinciales, los que "solamente pueden expresar su voluntad a través de instituciones y no mediante un organismo ad-hoc (el Consejo Federal de Educación) generado en el ámbito del Ministerio nacional de Educación".
(...) No se puede hablar de un sistema educativo nacional porque para consensuar un régimen único resultaría necesaria la creación de la figura de una "ley convenio", a la que pudieran adherir las Provincias: "A partir del momento en que los establecimientos educacionales pertenecen a las Provincias y son dirigidos y mantenidos por éstas, las cuales pagan el sueldo a los respectivos docentes, mal puede hablarse de un sistema educativo nacional".