Dejando a salvo las grandes lagunas de documentación que me afectan, persisto en encontrar las regulaciones como un hueso atragantado. En los últimos dos o tres días leí dos o tres escritos que me refirman en pensar que la discusión no está bien encaminada: dos de ellas afirman argumentos que comparto, y otra, recibida en un intercambio de comunicaciones privadas sobre el problema, que reconoce uno de los puntos sobre los que debería hablarse más.
Las dos notas leídas con argumentos en sentido divergente de lo que predomina, son el muy detallado escrito (especialmente si se acude a sus antecedentes recientes y no tanto) de Ricardo Galli, y otro escrito por Angel Barbero, (que es Ingeniero en Telecomunicaciones, para completar).
No los voy a repetir; quien lo desee, léalos. Particularmente Galli fundamenta adecuadamente su posición contraria al curso que hoy se sigue. Destaco de Barbero la apertura y flexibilidad, y en este terreno quisiera agregar dos palabras al análisis de Galli, que están implícitos en su reseña histórica, pero que quisiera hacerlo explícito: flexibilidad, apertura, innovación.
Uno de los elementos que se reconoce, aunque no se difunde demasiado, es que el problema de la regulación es español, no europeo, ni tampoco americano. Mencionado por varios expositores, y también reconocido por un colega perteneciente a un colegio español privadamente (mi tercera lectura en estos días). En el mundo, las disciplinas informáticas han sido unas de las más dinámicas, flexibles, e interrelacionadas: ha nacido así, así se ha desarrollado, y no deja de abarcar nuevas áreas. La idea de establecer fronteras protegidas sólo puede beneficiar el estancamiento y el atraso de la disciplina. Y esta idea de cerrar el espacio propio es la central en lo que está en discusión: defender títulos y honores, erradicar el intrusismo, establecer los cánones que definirán quiénes pertenecen y quién no. Separar con una afiliación y un título la posibilidad de la actividad en el área. Está en las conversaciones y la cabeza de la mayoría de los adherentes que tuve oportunidad de escuchar o leer: defender un área, imponer vallados, como una manera de defenderse de las amenazas de otra ingeniería (telecomunicaciones). Esta es la peor discusión que se puede tener. El resultado lo hemos visto muchas veces: cuanto más regulada es una actividad, un país, tanto más contribuye al retraso de su evolución y mejora: tendrán sus tribunales de disciplina, sus comisiones reguladoras de contenidos, su voz en la Universidad, su cánon para el desarrollo de cada actividad, su cupo regulado de profesionales. No hablemos de quienes vengan de fuera (esto me afecta), que encontrarán múltiples inconvenientes.
De eso se está discutiendo.
Los colegios quieren la regulación por ley, con matriculación obligatoria. No es cierto que las carreras informáticas puedan perder interés por la falta de protección de sus intereses frente a otras ingenierías: si las Universidades hacen bien su trabajo, los ingenieros informáticos, y los técnicos, y quien pase por un centro afín, tendrán mejores herramientas que los que lo hagan por otras disciplinas, o no lo hagan, y serán preferidos por sus conocimientos, no por sus títulos. La aberrante intención de dar competencias y privilegios a los ingenieros de telecomunicaciones en áreas informáticas es tan descomedida e impertinente, que da sospechas de actividades mafiosas. Pero la falla española es combatir las regulaciones con regulaciones. Si de algo se trata aquí, es de oponerse a las propuestas competencias informáticas para los ingenieros de telecomunicaciones. Es algo tan evidente, tan simple, que la proposición de atribuciones (y por lo tanto exclusiones) a favor de ingenieros que tangencialmente ven materias de computación, suena agraviante (y mafioso). Pero el asunto se resuelve de manera negativa: si los ingenieros informáticos no tienen atribuciones profesionales, pues no debe haber tales atribuciones para nadie. Pero por supuesto, este no es el punto de vista de los colegios, que para otra cosa están. Y lo más peligroso de esta posición que hoy predomina, es que al defender el derecho propio, no están rechazando frontalmente que estos "derechos de paso" se les vayan a dar a otros, como por ahora parece que correría.
Quiero volver sobre flexibilidad e innovación: me gustaría pensar por un momento en un escenario donde las regulaciones estuvieran establecidas.
- En primer lugar, tendremos un escenario temporal donde los colegios deberán aceptar a los idóneos, que doy fe que son grandes cantidades, no solo en puestos de base y rango medio, sino también en puestos de liderazgo. Veremos un período en el cual los ahora matriculados de primera categoría pugnarán por ocupar el lugar que consideran merecer, frente a quienes tienen la ventaja de la historia y la experiencia. Mala cosa para las relaciones humanas en el centro de trabajo.
- Las empresas enfrentarán un nuevo marco de obligaciones ¿Será obligatorio que la primera línea de dirección informática sea matriculada? ¿y la segunda línea de responsabilidad (líderes de proyecto, analistas, oficiales de seguridad, responsables de base de datos)? ¿Y las exigencias de contratación de programadores?
- ¿Tendremos un marco de tarifas obligatorias?
- ¿Se sugerirá a la Universidad un cupo máximo de egresados por año, para no saturar áreas de actividad?¿Obtener una matrícula será tan simple como tener un título?
- ¿Y cuando pase el tiempo qué haremos? Cuando los conocimientos de antiguos egresados sean superados por nuevos paradigmas, ¿cómo lo resolvermos? ¿Serán entonces los antiguos cofrades quienes harán de tapón, como hoy se alude a los idóneos? ¿Qué margen tendría una empresa para introducir renovación?
- En base a qué parámetros se llevará a un tribunal de conducta a un profesional que falló en un proyecto?
El siglo XX encontró solución a las sociedades reguladas: cuando los emprendimientos fueron inviables en un lugar, los transladaron a otro. Lo sabe muy bien Argentina, y lo practica España: ¿contribuirán los nuevos profesionales a empeorar su escenario futuro?
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