España y los recursos humanos en informática

Javier Garzas publica hoy algunas reflexiones sobre los profesionales informáticos, que comparto casi en un ciento por ciento, incluyendo sus acotaciones sobre Chile, que hablan de algo que conozco de cerca.
Particularmente los puntos ii y iii

ii. La mayoría (no todas) de las empresas TI en España compiten entre ellas por coste no por calidad, es decir, el proyecto se lo lleva el que menos cobra, y no el que oferta más calidad, o mejores perfiles profesionales (échale un vistazo a este post). A menor precio de venta de proyectos… menos margen para sueldos, y como realmente tener buenos perfiles no es diferenciador (y a los clientes no les preocupa mucho) se contratan ingenieros informáticos baratos o se contratan otros perfiles.
iii. El sector es principalmente de servicios (no de productos). Es decir, se compran horas, o “body shopping” (es decir, cesión de personas al cliente, siendo el cliente quien los gestiona). En cualquier caso no es un modelo de inversiones importantes a medio – largo plazo, no es un modelo en el que se quiera crear el mejor software para en un futuro venderlo y obtener rentabilidad. Es un modelo en el que se quieren cubrir necesidades a corto plazo. Y en este modelo no se quiere el mejor desarrollo, y para ello los mejores profesionales, si no terminar el trabajo cuanto antes.

Ambas razones concurren a un mismo problema: falta de visión estratégica en la dirigencia empresaria en primer lugar (descontando las excepciones), y en la dirigencia política también. Así como en una nación invertir en aquello que crea, innova, multiplica, mejora, es vital para sostener a las futuras generaciones, así sucede para las empresas: una empresa que no invierte en mejorar sus procesos, anticiparse en la visión de sus actividades futuras, o crear nuevas alternativas, es una empresa que se estanca y es superada por su competencia, interna o externa. Este es un problema acentuado en el marco de crisis que vive España hoy, pero que ya sucedía antes: este modelo que observa y critica Javier no es de hoy, sino que también se veía en mejores épocas. Este es un modelo que debe cambiar.
Si disiento en algo de lo que Javier afirma, es en el acento en la regulación (iv. No existe ninguna regulación, es decir, que aún siendo críticios ciertos sistemas informáticos, cualquier profesión puede trabajar en ellos). Este es un punto al que le ha dedicado más de una entrada, y es uno que suelo escuchar entre los profesionales españoles. La regulación sólo sirve para detener la innovación. Poner en manos de un comité regulador la actividad profesional es todo lo contrario de crecer. Los gremios y hermandades se acabaron como solución en la tardía edad media.

MDD: Una polémica en castellano

Javier Garzas ha tenido la muy buena idea de transcribir en su blog una discusión que sostuviera poco antes en Twitter con otros colegas españoles, acerca del alcance y validez del desarrollo basado en modelos, y de su confrontación y validez frente al concepto "el diseño es el código". La discusión refleja entre sus lectores un gran interés en el tema, pero también un persistente desconocimiento, y además algo de desconfianza y rechazo acerca de la idea del desarrollo guiado por modelos. No tengo tiempo hoy para otra cosa que no sea recomendar su lectura y, para quienes lo crean necesario, participar en la discusión. Espero tener tiempo el fin de semana para hacer algo más que recomendar su artículo, y la lectura de los comentarios de sus lectores. Entretanto, gracias especialmente a Javier y Pedro por su gran discusión.

Cómo funciona el cierre de webs

En BandaAncha.eu:

Con la publicación hoy del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, ya tenemos completado el dibujo que el anterior Gobierno había dejado al Partido Popular y que, finalmente, no se atrevió a aprobar. Detalla el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de valorar qué páginas web vulneran los derechos de autor y de tramitar su cierre rápido.

Con el Reglamento en la mano, ya no tenemos dudas. La Sección Primera, tendrás las funciones de mediación y arbitraje. La polémica Sección Segunda, tiene " las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información". ¿Cómo funcionará el cierre de webs? Con el texto legal, se podrá actuar contra todo tipo de páginas web, incluidas las de meros enlaces.

Componentes

El titular de la Secretaría de Estado de Cultura o persona en la que ésta delegue, que ejercerá la presidencia de la Sección, y por cuatro vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad, respectivamente, designados por dichos Departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas

Cuándo actúa

Llevará a cabo sus funciones respecto a los casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, por el responsable de un servicio de la sociedad de la información, siempre que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos

Procedimiento

1. Cualquier titular de derechos que crea estar perjudicado podrá denunciar una página web de cualquier tipo por alojar o enlazar contenido protegido por derechos de autor
2. Tras el pertinentes estudio de la Sección Segunda, si el balance es positivo, en el plazo de 48 horas inmediatamente siguientes a la práctica del requerimiento, se solicitará al prestador del servicio la retirada voluntaria de los contenidos que pudieran resultar ilícitos
3. De aceptar el cierre voluntario, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite
4. En caso contrario, abrirá la fase de prueba para recabar toda la información posible, tanto de oficio como a instancia de parte
5. Acreditada en resolución motivada la existencia de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, los servicios de intermediación deberán dar cumplimiento a esta orden de suspensión en un plazo de 72 horas desde la notificación a los mismos del auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo autorizando, en su caso, la misma
6. El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución por la Sección Segunda será de 3 meses. La falta de notificación en ese plazo tendrá efectos desestimatorios

Todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la orden se tendrán que tomar, incluyendo a los prestadores de los servicios de intermediación de la sociedad de la información cuya colaboración sea necesaria.
A la solicitud de iniciación del trabajo de la Sección Segunda, deberá aportarse, la acreditación por cualquier medio de prueba admisible que la obra o prestación alegada está siendo objeto de explotación, lucrativa o no, identificando, describiendo y ubicando dicha actividad.

Garantía judicial

Sólo se aplicará en dos momentos concretos a través de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:

• Cuando los titulares de los derechos no logren identificar a los propietarios de la web infractora. En tal caso deberán acudir al juzgado para que el juez lo solicite a la compañía pertinente, habitualmente operadores de telefonía o proveedores de alojamiento y dominios.
• Si la sección segunda acredita, por vía administrativa, que una página web vulnera los derechos de autor, ordenará la retirada del sitio y sus contenidos. De no tener lugar en un plazo voluntario de 24 horas, será el juzgado quien autorice la ejecución de la medida, que tendrá que cumplirse en un máximo de 72 horas.

Ricardo Galli comenta hoy sobre la ley:

Como informático: ¿Podrías explicarnos brevemente cómo puede la comisión cerrar webs? ¿Y si son extranjeras?

Si el servidor está en una empresa con sede en España, solicitarán la suspensión del servicio. El proveedor no se puede negar, sería desobediencia.
De forma más general, sirve para empresas en el extranjero, el juez puede solicitar que se bloquee el DNS o la dirección IP. El bloqueo del DNS es muy fácil de saltárselo usando OpenDNS, o los DNS de Google, aunque generarían molestias a los usuarios “no habituales”. El bloqueo de IPs es algo más complicado, ya que puede afectar a terceros con servidores o balanceadores de carga compartidos.
Está claro que, económicamente, los proveedores de hosting españoles serán los más perjudicados: es más seguro estar en un proveedor extranjero.

¿Hasta qué punto puede ser efectiva la Ley Sinde en su propósito?

Será sólo efectiva como mecanismo de intimidación, la mayoría hará caso y borrará enlaces. Pero si se niegan, entonces pasará al juez para que obligue a los proveedores u operadoras a bloquear el acceso. Pero no está nada claro que los jueces tengan el mismo criterio y hagan caso a la comisión.
Es importante recalcarlo, es, sobre todo, un mecanismo de intimidación, pero no está asegurada su definición judicial en caso que de resistencia a esa intimidación.
De cualquier forma, cambiar de DNS, incluso cambiar de IPs periódicamente, es molesto, pero no tan complicado. Además la “ley Sinde”, y su reglamento, parecen estar diseñados para sitios web, sería muy sencillo distribuir programas con conexión cifrada (SSL) para bajar textos HTML con protocolos diferentes. Será interesante, y casi divertido, ver como florecerán estas soluciones.

Una de las cosas que se comenta sobre la ley es que podría contra la libertad de expresión. ¿Cómo podría hacerse esto con una ley antidescargas? 

Un enlace es sólo un texto, muy breve, que por sí mismo es neutral, sólo caracteres. No obliga a nadie a seguirlo, o bajar el contenido del otro sitio, o que implique lucro para la empresa que administra el el sitio web. Hay sitios donde diariamente se publican miles (Menéame, fotos, blogs, medios), o millones (Twitter) de comentarios con enlaces, forma parte de la “comunicación básica entre personas”.
Pero una comisión administrativa puede decidir que deben ser eliminados. Afecta a derechos -de comunicación- de los usuarios, y de los administradores de esos sitios. Estos últimos pueden terminar pagando un coste enorme -como el cierre del sitio- por un texto brevísimo que escribió un tercero, y al que te has negado eliminar.
Otro caso personal, reciente. Hace unos días escribí una crítica contra una boicot que pedía retirar un libro de las librerías: http://gallir.wordpress.com/2011/12/27/es-dificil-controlar-a-nuestro-enano-autocrata/ Al final del apunte puse un enlace al PDF con el texto del mencionado libro, con la intención de enseñar que no había nada delictivo en él. Pero una comisión administrativa podría decidir que debo eliminarlo ¿hay otro país democrático donde pueda ocurrir algo similar?

¿Hasta qué punto afecta la Ley Sinde a aquellos que quieran crear una nueva empresa en Internet?

Te doy un caso concreto, muy cercano y aplicable a cientos de sitios y foros. Los usuarios de Menéame a veces ponen enlaces a sitios de descarga directa, o índices bittorrent. Nos pueden denunciar a la comisión, ésta nos envía la orden para eliminar los enlaces, ¿qué hacemos?
Los abogados no son baratos, y menos en estas cuestiones donde te juegas el futuro de la empresa. Pero irán normalmente a lo seguro (si hubiésemos hecho caso a nuestros abogados, Menéame no permitiría ni comentarios), nos aconsejarán que los borremos.
Si los borramos, tendremos a cientos de usuarios poniendo los mismos enlaces. Si los borramos sistemáticamente, rebelión y abandono. Los usuarios de “foros públicos” de terceros esperan, y exigen, un compromiso de los administradores. Si no se cumplen, se marcharán. Si Menéame haciese caso a la Comisión, sería casi una sentencia de muerte.
La otra opción es que nos neguemos, y entonces pase al juez… ¿qué pasará? Nadie lo sabe. Nadie.
Una enorme inseguridad jurídica, sólo solucionable si eliminas todo lo que te pidan. Esto tiene costes económicos y de oportunidad importantes. Además, se dan ventajas a empresas extranjeras y con recursos (fundamentalmente Facebook, Twitter y Google) para evitar los efectos de la ley Sinde.
Parece más una idea de “Economía Insostenible”.

¿Podrías dar una idea o propuesta, alternativa a la Ley Sinde, para evitar las llamadas descargas ilegales?

En primer lugar, niego la mayor: las descargas, ¿están tipificadas como ilegales en el Código Penal o en la Ley de Propiedad Intelectual? Entonces hay que evitar el término “ilegal” (como hizo la vicepresidenta en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros).
En todo caso, ¿es posible evitar que unos pocos se lucren con la obra de terceros que no reciben ninguna compensación? Claro que es posible, por ejemplo vía “competencia desleal”, o “estafa”, nuestras leyes lo permiten (y se usan). Pero claro, eso no lo intentan, porque es más costoso y menos “ejemplarizante”.
Además, no entiendo otra cosa, si dicen que son 200 sitios ¿cuánto facturan esos sitios? ¿cuánta es la estimación de incremento de ventas si esos sitios finalmente cierran? (¿y cuánto dinero se gastó en todo este proceso?). Nunca han dado esos números o previsiones.
La ley Sinde es sólo un paso más para hacer ilegales las descargas vía Código Penal. Si no lo hicieron antes es por el enorme coste político, porque deberían eliminar toda compensación (canon digital, o sucedáneo), y porque saben muy bien que en EEUU no funcionó y tuvieron que renunciar a demandar a los usuarios.
De todas maneras, los grupos de presión avanzan si pausa, y que no se note demasiado, como el chiste del elefante, la hormiga y la saliva. En dos o tres años estarán reclamando leyes más duras, porque la ley Sinde no funcionó. Coincide con un gobierno con enorme mayoría absoluta, el cóctel perfecto.
Espero estar equivocado.

Lobbismo: Ley Sinde aprobada

Si a primera hora nos enterábamos de la presión ejercida por la Cámara de Comercio de EEUU, al mediodía podíamos comprobar que el lobbismo obtuvo resultados: en el segundo consejo de Ministros del nuevo gobierno, la Ley Sinde quedó reglamentada, y lista para su ejecución. Otras prioridades podrán esperar, pero el lobby editorial-musical, no. En BandaAncha.eu:

Segundo Consejo de Ministros de la X Legislatura y con él queda fijado el calendario de prioridades. Pero también el Gobierno aprovechó para aprobar el reglamento de la denominada 'ley Sinde' que regula la comisión de propiedad intelectual y que asimismo elimina el canon digital por copia privada para sustituirlo por otro sistema de de compensación -que se desarrollará en un Real Decreto-. Por tanto, el momento que los internautas han estado temiendo en las últimas semanas se ha producido esta mañana: ha sido aprobada la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible. Queda por confirmar si se trata exactamente del mismo reglamento (ver borrador filtrado).
Por si todo esto fuera poco para cerrar el año, además, queda la duda de si en el reglamento aprobado se define como actividad infractora no sólo alojar contenido protegido, sino el hecho de enlazarlo e indicar dónde se puede descargar lo que traerá consigo un sinfín de trabajo en los juzgados ya que se trata del sentido mismo de Internet.

Procedimiento

Al juez que deba validar el cierre de páginas webs le estará vedado analizar el fondo del asunto, esto es, la vulneración de derechos de propiedad intelectual o la posibilidad de producir un perjuicio patrimonial por parte de la página web cuya clausura se solicite. La 'ley Sinde' crea un "agujero libre de jueces" donde la decisión la toma una comisión administrativa nombrada por el gobierno, para evitar lo que hasta el momento venía ocurriendo: que los jueces no daban la razón a las reclamaciones de la industria de los contenidos.

Rueda de prensa

Algunas frases de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría:

"España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería (...) Cumplimos nuestros compromisos electorales e internacionales (...) proteger los derechos de propiedad intelectual frente al expolio con protección judicial, frente a quienes indebidamente hacen negocio contra la piratería (...)" [Creía recordar que en campaña dijeron lo contrario...]

¿Y ahora qué?

Es indignante, bochornoso y un atropello de derechos. El modelo de ganar dinero por copia es insostenible porque la tecnología así lo ha querido. Y lo que no puede ser es crear leyes para proteger los ingresos de lobbies por encima de los ciudadanos ni detener el progreso tecnológico y la innovación. En las próximas semanas habrá que reflexionar sobre qué podemos hacer los internautas.

Derechos de autor: en el espejo argentino

Mariano Amartino comenta los proyectos de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), que muestran hasta dónde puede llegar el afán recaudador de una minoría coludida con el soporte del Estado:

Ahora van por el derecho a leer en público

Hace casi un año la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, adelantó bien claro sus intenciones de cobrar por leer en público porque los autores se mueren de hambre, en Revista Eñe:

¿En qué consistirá una ley que contemple los derechos de autor colectivos? Toda vez que en una radio se lee un poema, un fragmento de un libro, un texto, la radio se está enriqueciendo con la lectura de un texto que lo creó otra persona; y esa persona está en la casa muerta de hambre porque no tiene para comer, mientras otro se enriquece reproduciendo el material que creó esa persona. Eso es piratería.

Hoy, en La Nación anuncian que quieren salir por decreto pero aparece el verdadero factor de esta iniciativa:

“En febrero saldremos a recaudar derechos de autor colectivos; a quien no quiera pagar le iniciaremos una acción judicial y será un juez quien diga si tenemos o no autoridad para hacerlo” … “La recaudación de derechos es fundamental para que la SADE pueda sobrevivir“

Interesantemente quieren entrar también en el rubro de las conferencias quedandose con el 20% del fee del conferencista y siendo ellos el ente recaudador; para evitar que “alguien se quede sin cobrar”.
Tantas cosas están mal de origen que no se por cual empezar, solo para pensar un poco ¿ente recaudador de conferencias de cualquier tema alguien que no tiene ni relación con el conferencista? ¿cobrar sin ley ni decreto y jugar a ver que dice la ley? ¿un plan para que se pueda leer algo impreso en público como una cuota mensual? ¿la legitimidad que dicen tener es porque tienen 6000 asociados? ¿el resto de los escritores o conferencistas porque tienen que pagarles?
Y los autores lo justifican en Pagina/12 porque dicen que son los “unicos socialistas de esta historia” pero que yo recuerde el socialismo se te acaba cuando tenés un contrato con Radom House y aceptás, entre esto y aquello, quedarte con el 10% del precio de tapa.
¿nunca se les ocurrió hacer lo que hizo Casciari o lo que hicieron tantos otros en vez de salir a perseguir a una “radio de chaco que lee poemas a medianoche”? Porque peor ejemplo no podían elegir :)

Como se ha visto en España, no se trata aquí siquiera de los intereses de los supuestos beneficiarios, sino de la institución que recauda. Y del puñado de grupos económicos por los que abogan. Tanto tirar de la cuerda, quizá en algún momento contribuya a una verdadera discusión de las atribuciones de cada parte, recordando que el conocimiento y la cultura, a través de toda la historia, no fue patrimonio de quien detentó un derecho o privilegio.

La Ley Sinde sigue en espera

Considerando que el nuevo gobierno español define su línea de acción futura en materia de políticas de Internet, parece ser conveniente volver a discusiones evidentemente pendientes. En este asunto, dos veces Ricardo Galli ha recordado argumentos en el último tiempo. La siguiente es su última nota:

Conviene recordar algunos datos sobre la propiedad intelectual y la ley Sinde

Ya tenemos a nuestro nuevo ministro Wert reptiendo argumentos falaces, por lo que creo que es bueno recordar algunos pocos datos objetivos:

1. Es falso que España sea uno de los países más piratas del mundo. Eso lo dicen en todos los países donde las “majors” hacen campaña de presión para endurecer las leyes de derechos de autor.
    
2. Si España está en la “lista 301″ de los países más “piratas” del gobierno norteamericano, fue para presionar por la ley Sinde, y porque el propio presidente de PROMUSICAE, Guisasola, lo solicitó.
    
3. Se recurren a argumentos “filosóficos” del tipo “los autores tienen el derecho de vivir de su trabajo”. En realidad están diciendo: “los que deciden ser autores tienen el derecho de vivir de los que les apetece trabajar, la sociedad debe asegurarles ese derecho”. Pero es un derecho que no existe para el resto de los ciudadanos. Somos muy pocos los que podemos vivir de lo que no gusta, y aún así tenemos que buscar formas indirectas de financiación (como poner en marcha un sitio, y ganar de la publicidad, no por programar y liberar el código). La inmensa mayoría tiene que trabajar de lo que puede, o de lo que el “mercado” demanda. Hay muchísimos músicos a los que les gustaría vivir de vender sus discos, pero viven de dar clases, o tocando en hoteles. Hay otros a los que les gustaría vivir de sus vídeos y cortos, pero trabajan en televisiones, o dando clases en la universidad. Hay muchos que les gustaría vivir de sus hobbies pero que no pasan de eso, y hay cinco millones de personas que ni siquiera pueden trabajar. Aunque es algo demagógico recurrir al paro, lo cierto es que con la crisis que estamos pasando, y las necesidades urgentes que hay, es impúdico, insultante y ofensivo que se gaste tanto tiempo y recursos públicos para modificar leyes para defender  ”el derecho de [unos poquísimos] autores a vivir de su trabajo”.
    
4. Se recurren a argumentos de “puestos de trabajo”, “volumen de negocio”, o “el PIB de la cultura en España”, pero son absolutamente falaces y manipulados. La facturación de las “industrias culturales” en España es ridícula (salvo la editorial -3.500 millones- y prensa en general -unos 4.500 millones-) comparada con otras “industrias”, inclusos las tecnológicas. Para dar un poco de contexto:
   • El cine español factura menos de 100 millones de euros, pero recibe más de 200 millones en subvenciones (el Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas, tasas a televisiones).
      
   • Las discográficas sólo facturan 200 millones de euros, en sus años de record históricos (1999 y 2000) facturaron 600 millones de euros, una décima parte de lo que factura Vodafone en España.
      
   • Sólo AdSense factura en España más que la suma de lo que facturan el cine y las discográficas.
      
   • El “volumen total de negocio” de todas las industrias culturales (incluyendo subvenciones, prensa, editoriales y hasta toros) es de unos 26.000 millones de euros, lo mismo que facturan Telefónica de España y Vodafone en España.
      
5. En España se subvencionan muchas películas que sólo se estrenan en una sala para cumplir con los requisitos, no para llegar al público. Proporcionalmente a la población y tamaño del mercado, en España se hacen más películas que Hollywood. La razón es que en España es más fácil conseguir subvenciones que paguen más dle coste de la película, que hacer películas que tengan éxito de público y facturación.
    
6. Se difunden estudios falsos, manipulados y preparados por la propia industria y lobbies. Son tan absurdos que aseguran que sin la piratería en Internet, la facturación en España sería cinco veces mayor que el record histórico.
    
7. Una minoría muy pequeña de autores y músicos viven de la venta de libros o discos, esos son de la “élite” que pide leyes más duras. La mayoria de autores de libros tienen otros trabajos e ingresos, no se dedican exclusivamente a escribir libros, ni siquiera los best sellers españoles.
    
8. En la industria editorial, entre el 70% y 80% del coste del libro se gasta en distribución física (el 50%) y marketing. Los autores se quedan con menos del 10% del precio de venta. Los que más estarán afectados por los libros digitales son los distribuidores y las tiendas de libros físicos.
    
9. Las películas y canciones españolas no son las que los españoles más bajan de Internet, son las series norteamericanas (que viven en uno de los mejores momentos de su historia) y “blockbusters” de Hollywood (que no tienen precisamente problemas de facturación). Los temas musicales más populares (y más bajados de Internet), están disponibles de forma gratuita  y con altísima calidad de audio en Youtube, subidas por sus propios autores o discográficas (por ejemplo, On the Floor, tiene nueve meses en Youtube, con casi 500 millones de visualizaciones).
    
10. Las legislación para endurecer los derechos de autor no tiene justificación ideológica posible. Para los progresistas y socialistas, es contradictorio anteponer los derechos de una minoría al acceso universal de la cultura. Para “liberales económicos” no tiene sentido que el estado asegure el “mercado” vía leyes y persecución judicial en vez de que sea la propia oferta y demanda la que decida. En todo caso ambos parecen defender ideas soviéticas, “el interés del estado sobre el de las personas”, empeorado en que en este caso el “estado” es explícitamente la minoría del “politburó”.
     
11. El discurso político-industrial oficial está falseado, desde la manipulación de la historia que hacen hasta los Ministros de Cultura, hasta el propio abuso de la palabra “propiedad intelectual” equiparándola a “propiedad física”. No tienen nada que ver unas con otras, no existe “posesión” sobre las obras intelectuales digitalizadas, la copia no produce la pérdida del original, ni priva de disfrute al poseedor original, por lo que no se puede hablar de “robo”, como tantas veces se insiste. (Desde el punto de vista económico, los objetos físicos e intelectuales tampoco tienen nada que ver en una era digital. El coste marginal de los primeros sigue siendo elevado, el de los segundos es prácticamente cero.)
12. Si los sitios de enlaces ganan tanto dinero como aseguran ¿cómo es que la propia industria no hace lo mismo? ¿cómo es que no ponen demandas civiles y/o mercantiles por estafa y competencia desleal? La ley española lo permite.
     
13. Si está tan preocupado por la “cultura de la subvención”, debería empezar a dar datos objetivos de las “subvenciones a la cultura”: cánones, tasas a televisiones, ayudas directas del ministerio y comunidades, IVA super reducido para algunos y casi cinco veces más altas para otros (reducir impuestos discriminadamente es también una forma de subvención), publicidad institucional, ayudas a empresas de medios. No vendrá mal al debate conocer precisamente qué parte de los 25.000 millones de dinero que se mueve en “cultura” son subvenciones que pagamos entre todos, y cómo se reparten.
     
14. Si para proteger el “derecho a que unos pocos se ganen la vida” vía la “propiedad intelectual”, hacen falta leyes que socavan derechos fundamentales, que intentan criminalizar a la mayoría de la población, que necesitan espiar y regular actividades privadas, que requieren la invención y manipulación de estudios, listas y hasta de la propia historia, que quitan competencias a los jueces para pasarlas a comisiones dependientes del Poder Ejecutivo, ¿dónde reside el problema y la corrupción? ¿en la sociedad? ¿en unas páginas webs? ¿o en el concepto mismo de propiedad intelectual y en defender a toda costa la supervivencia de un negocio obsoleto y que nació [sólo] hace poco más de 50 años?

Un juego de palabras frívolo, pero serio: Deus dedit, Deus abstulid. Deus ex machina.

Preparativos en tiempos de guerra

Alex Penedés, en el diario El Mundo

Quizá no por casualidad, encontré ayer dos artículos que, con enfoques complementarios, se ocupan de cómo sobrevivir en una España y una Europa que puede predecirse más que complicada en los tiempos próximos. Uno de ellos, de Sergio Hernando, analiza la dura perspectiva laboral que se aproxima en tecnología (twiteado por Javier Garzas),y el otro, de Iván Pérez, propone "resetear España" a nivel educativo, para cambiar la mentalidad y disposición laboral española (twiteado por Pedro Molina). Excelentes observaciones por parte de ambos, aunque me inclino por dar más valor a la nota de Pérez, que apunta a cambiar el perfil con el que los jóvenes (y especialmente los que alcanzan mayores niveles de educación) afrontan su entrada al mundo económico: coincido con su idea de crear un mayor espíritu emprendedor al entrar a la vida laboral: sus ventajas no se limitarían a la multiplicación de oportunidades, sino probablemente al estímulo de la innovación, y al desarrollo de la investigación.
El cuadro lo pinta Hernando:

El principal problema que le veo al 2012 es que las empresas seguirán, como norma general, cosechando malos resultados. No hay nada que haga prever que las cosas mejorarán, y por lo que se observa, es incluso probable que la sangría continúe y empeore. Cuando las empresas van mal, los dueños de los negocios, o los que están al mando de los negocios, suelen tomar medidas para atajar los problemas, o al menos, deberían hacerlo. Y por desgracia para nosotros, cuando un CEO/CIO/CTO/CFO saca la recortada, los primeros disparos van para los que estamos debajo. La reducción de costes es una de las primeras herramientas que se pone en lo alto de la mesa, unas veces bien y otras mal, pero es lo que hay. Y lo primero que se le pasa a los gestores para reducir costes es siempre replantearse el coste del personal. Esto ha sido siempre así y nunca cambiará. Cuando las cosas van mal lo primero que se evalúa es a quién te puedes quitar de en medio, lo cual es lícito, ya que algunas organizaciones han crecido desproporcionadamente en los años de vacas gordas, y han empleado a más gente de la que debiera, y lo que es peor, han empleado a personas que no son ni de lejos, las mejores en sus puestos. Pero eso es tema de discusión para otro día. Por supuesto, como no podía ser de otro modo, no defiendo que reducir costes de personal sea la solución a todos los males, ya que mal aplicada, o aplicada en casos injustificados, puede ser también un error. Todo depende de la empresa, de la plantilla y de lo que se conciba como plan de choque para atajar los malos resultados. No hay fórmulas mágicas, pero por norma general, lo primero que se mira es el grueso de costes fijos, entre los que están los de personal.
En el mundo de la tecnología la poción mágica para reducir costes se llama outsourcing. Os explico en cristiano lo que esto significa: tengo en plantilla 10 técnicos que me suponen al año un coste de personal de 500.000 euros- Si dejo a uno en plantilla para controlar la operación, despido a 9 y contrato servicios en una operación de externalización, pasaré a gastar 400.000 euros al año. Resultado: 100.000 euros a la caja. Da igual si se pierde calidad, y da igual cómo se trasladan a la contabilidad los gastos del despido, lo que manda aquí es el euro en el flujo de caja. Si hay ahorro, hay posibilidad de externalizar. Yo soy de los que opina que en el outsourcing no es oro todo lo que reluce, y que mal hecho, conlleva pérdida de calidad y de productividad. Naturalmente, bien realizado es ventajoso, y aquí está nuestro primer gran enemigo: en un mundo global hay que empezar a pensar que las posibilidades de que otro haga lo que yo hago igual de bien o mejor, y a mejor precio, es una realidad palpable que pone en peligro mi puesto de trabajo.

Hernando ofrece una vía de defensa y superación del problema urgente. Pero Pérez apunta a modificar sus raíces. Básicamente su nota comenta la labor de Alex Penadés, impulsor de la idea de infundir el espíritu emprendedor desde la escuela primaria y el hogar:

A nivel educativo, "España es el país de los niños-loro, sin capacidad de creación, a los que se les dice lo que tienen que estudiar para que memoricen y aprueben". En el plano socioeconómico, habitamos la nación del 'no me arriesgo', de familias cuyos patriarcas sueñan con que sus hijos tengan "un sueldo fijo para poder pagar la hipoteca".
En ambos casos, vivimos en "el país de las envidias, del poner la pierna encima, del si te caes te machaco", en el que la figura del emprendedor está mal vista y el prójimo se alegra de las desventuras del vecino, que se convierte en sospechoso sólo por haber arriesgado con una idea diferente. Cambiar estos conceptos es posible mediante la educación; rediseñar España es posible reseteándola desde la infancia.
Así lo cree Álex Penadés, un valenciano que lleva más de 20 años en el mundo de la empresa, formador universitario, hijo y nieto de emprendedores y padre de un niño de 3 años, uno de los nuevos ciudadanos españoles "receptivos al cambio desde la base", una de las raíces de un árbol que debe crecer con el riego de la cultura emprendedora.
En países como Estados Unidos, los niños venden los juguetes que les sobran o retiran con palas la nieve de la cochera del vecino para sacarse unos dólares que invertir en caprichos y educación. En el polo opuesto están los niños de los países subdesarrollados, que aprenden a comerciar para sobrevivir. En ambos extremos hallamos la mentalidad emprendedora que no tenemos en Europa, donde "la juventud crece multiprotegida, académicamente preparada y desvalida en ingenio y actitudes".

(...) Con la idea primaria de "descubrir la figura del emprendedor", este empresario y formador valenciano []Penadés]se puso manos a la obra. Inspirado en la relación con su hijo Martín, alumbró el primer manual de emprendizaje, un vehículo para desarrollar programas y talleres destinados a padres y educadores. Niños con ocho años tienen la capacidad de entender que se puede pelear por una idea, "no venirse abajo cuando te la tumban y hay que mejorarla", aprender a compartir cuando se alcanza el éxito y descubrir que el mundo no se ciñe a nuestro pueblo, que compartimos una cultura global en un mundo tomado por las nuevas tecnologías. De la misma forma que un niño idolatra desde la infancia a los deportistas de élite o muestra su disposición a trabajar de mayor en el oficio de sus padres, debe conocer que el camino que recorrieron emprendedores como Cristóbal Colón en la búsqueda de mejores formas de traer comercio de las Indias o Mark Zuckerberg en la creación del revolucionario Facebook es otra opción y muy válida.

(...) Los padres deben ser la base de este rediseño educativo y socioeconómico del país. Bastan 10 horas de trabajo con los niños para explicarles "el valor de las cosas, observar lo que ocurre a su alrededor con el fin de crear algo que mejore su entorno", descubrir que hay muchas maneras de llegar a la meta, convertirse en un "forjador de sueños" que permita ganarse la vida con medios propios. El proyecto no nace buscando el negocio sino como una idea que llegue a la gente. "Aspiramos a crear un movimiento, no una empresa, aunque no se descarta la incorporación de un mecenas llamado Administración o grupo empresarial" para abanderar este proyecto que rediseñe el país. El ambicioso programa del emprendizaje rehuye el protagonismo, basta con "esparcir la mancha de aceite en la sociedad".

Un cambio de raíz, un cambio de modelo de vida, es su propuesta. Sin embargo, el cambio desde la familia es todavía dudoso, haciéndonos cargo que desde la sociedad lo que viene es el modelo del funcionariado y del trabajo para toda la vida. Probablemente, y desgraciadamente, el mayor impulsor del cambio será la monumental crisis que nos rodea. Entre la espada y la pared, no hay otro camino que arriesgar.

Emprendedores en España

Javier Checa, para El Confidencial:

Encontrar emprendedores en España no es tarea fácil y el motivo es que muchos estudiantes ni siquiera se lo plantean como una opción de futuro. Esta rara especie está formada por solo un 8% de los universitarios que han sido encuestados en el segundo barómetro Universidad – Sociedad, elaborado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid entre un total de 1.200 estudiantes. Según este sondeo, el 41% de los estudiantes se plantea trabajar en la empresa privada y casi un 30% de los encuestados aspira a ocupar un puesto de funcionario.

El dato se ha conocido esta misma semana: España cuenta con la peor tasa de paro juvenil de toda Europa, situada en un 43,5%. El promedio que presentan los países del viejo continente está situado en el 20,4% y otros como Grecia –segundo en este ranking- marcan una clara distancia con nuestro país y se sitúan a más de siete puntos seguido de Eslovenia y Lituania.

A la vista de los datos, los estudiantes se muestran más o menos optimistas según la rama de los estudios que están cursando. Entre los que ven con mejores ojos su futuro laboral están los que proceden del área de Salud, un contraste que se acentúa al compararse con los que estudian una carrera perteneciente al área de Experimentales o ciencias Sociales o Jurídicas. En lo que sí están de acuerdo la práctica totalidad de los encuestados es que el mercado laboral español no es flexible ni permite la movilidad geográfica, no fomenta la contratación y el empleo, no favorece el empleo ni la contratación y necesita una reforma en profundidad.

No obstante, a la hora de valorar el papel que juegan los empresarios españoles, los estudiantes muestran una opinión muy desfavorable hacia ellos. Consideran que no son innovadores y carecen de capacidad para crear trabajo y riqueza o potenciar el desarrollo económico y social. Además, la mitad de los universitarios opina que los empresarios españoles no tienen una adecuada formación ni iniciativa para asumir riesgos en los negocios. Los sindicatos y el papel que juegan en el tejido empresarial tampoco se salva de la quema: el 70% de los encuestados cree que no defienden los derechos de los trabajadores, no colaboran en la consolidación del Estado del Bienestar y tampoco están adaptados a la realidad social del momento.

Ser funcionario, la meta para muchos

“Montar un negocio es para gente que tenga dinero”. Este es el argumento más generalizado entre aquellos universitarios a los que se les pregunta por si se verían con buenos ojos esta posibilidad. La traba de la inversión inicial en muchos proyectos, unida a la falta de oportunidades que ofrecen los bancos en la concesión de créditos y al riesgo de incurrir en pérdidas en un panorama de creciente inseguridad por la crisis económica, son el cóctel definitivo para esterilizar los nuevos proyectos. Sin embargo, la posibilidad de encontrar un empleo fijo y duradero como funcionario público son los argumentos más atractivos para la gran parte de estos futuros empresarios españoles.
Para Marc Vidal, autor de Contra la cultura del subsidio (ed. Gestión 2000), esta situación se debe a motivos culturales relacionados con “el acomodamiento social y el miedo al fracaso, ya que vivimos en una especie de sofá social que nos invita a no movernos mucho para lograr cosas pues estas vienen muchas veces por sí solas. Esto es peligroso, pues adormece a la sociedad y la aleja de los retos”.

Lo que parece claro es que, a pesar del desalentador panorama laboral, la actitud queda condicionada en función de las distintas sociedades. Como apunta Víctor Conde, coordinador del Club de Emprendedores de la Universidad Antonio de Nebrija, “el 70% de los universitarios estadounidenses quiere montar su propia empresa, porque lo han mamado y lo han asumido desde niños y porque allí el empresario es un personaje de prestigio. Aquí, el mensaje que reciben es que hay que buscar lo seguro y que lo mejor es no meterse en líos”.

En línea con otras informaciones leídas de tiempo en tiempo.

El perfil del gerenciamiento tecnológico

Las gerencias de informática no deben ser sólo técnicas, dice hoy América Economía. En una nota de su redacción tecnológica, lo que se deja traslucir es una situación despareja en Iberoamérica respecto a la comprensión del valor estratégico de la tecnología informática. Estando Iberoamérica compuesta por empresas mayoritariamente familiares, el gerenciamiento suele estar condicionado por la pertenencia al círculo íntimo de los propietarios. Esto suele suceder aún en empresas cotizantes en bolsa, o en formas jurídicas intermedias: la presencia fuerte del fundador o del núcleo familiar hace que la incorporación de conocimiento o técnicas modernas sea limitada y filtrada. ¿sólo en el área informática? no solo. La autonomía e iniciativa de los mandos ajenos al núcleo de confianza es en muchos casos, escaso o nulo. La innovación no es un valor abundante en estas condiciones.
Qué dice la nota:

Aunque en el contexto latinoamericano, el Gerente de Tecnología (CTO) de una empresa mantiene un perfil técnico y operativo relegado a un papel más relacionado con el correcto funcionamiento de los sistemas y adquisición de equipos informáticos que a la toma de decisiones estratégicas, desde hace algunos años esa situación ha comenzado a cambiar.

Y es que la globalización y la dependencia de las compañías respecto de la tecnología de vanguardia han ido obligando a este profesional a conquistar nuevos espacios, de manera transversal, dentro de la organización. Así, en la actualidad se vincula de modo directo con el CEO y con las áreas de negocios como un foco particular.

Por lo mismo, el responsable de las tecnologías de la información (TI) tiene hoy dos grandes desafíos. Uno, es cumplir con su tradicional rol técnico de asegurar la operación permanente de la infraestructura tecnológica y, el segundo, es asumir la condición de un líder directivo, visionario y proactivo.

Así lo señala Ezequiel Palacios, Manager en Argentina de la división de TI de Michael Page International, dedicada fundamentalmente al reclutamiento de profesionales. “Se está dando un cambio en el papel del líder de sistemas en este último tiempo, que siempre estuvo vinculado al tema de soportes (...) Lo que está pasando ahora es que ha empezado a crecer con tal magnitud que la tecnológica ya es vista como un área estratégica, como lo son las de finanzas o comercial”, manifiesta.

En lo concreto, plantea que el perfil ya no es tanto el de un “hiper técnico con mucho conocimiento”. Además, dice que quien ocupa el cargo debe saber manejar un presupuesto, las cifras de crecimiento de una firma y debe estar bien alineado a los objetivos de la misma, pues se ha transformado en alguien que participa en las decisiones generales de la institución.

(...) Por su lado, Susana Duran, CTO de Spamina en España -que ofrece soluciones de seguridad informática-, dice que el cargo es de suma importancia, ya que conlleva decisiones en los ámbitos técnico como estratégicos. “La conducción de la empresa viene marcada por este puesto junto con el de dirección. El Gerente de Tecnología y el CEO definen esta orientación”, apunta la ejecutiva.

En el estadio de lo práctico, Duran consigna que sus responsabilidades pasan por gestionar la actividad técnica de productos, tanto en el plano de operaciones como de soporte. “También tengo a cargo el recomendar y revisar las soluciones técnicas, las más adecuadas para apoyar las políticas de la compañía y los objetivos de negocios estratégicos”, comenta.

Del mismo modo, entre otras labores se refiere a las económicas, como la supervisión de partidas del presupuesto, para que se “apliquen de la mejor forma posible”. “Además tengo un papel en el control de riesgos y de planificación global” para que la oferta de la firma crezca de manera controlada, sobre todo en un momento en que la corporación se está expandiendo a nivel latinoamericano y europeo, complementa.

El rezago de América Latina. En empresas de países desarrollados el Gerente de Tecnología ya ha dejado de ser un cargo dedicado a lo meramente técnico. Tal como explicaban Duran, Gremes y Palacios, en la actualidad el puesto tiene ocupaciones estratégicas dentro de la organización. Sin embargo, en la mayoría de las firmas latinoamericanas se le asignan labores básicas relacionadas, principalmente, con la adquisición y mantención de equipos y sistemas.

“Muchas veces hay cosas que surgen en Estados Unidos y Europa y que tardan en llegar a nuestra región”, explica Palacios, añadiendo que eso tiene que ver con la madurez de los mercados y de las compañías presentes en ellos.

Y aunque estima que en el Cono Sur el camino para desarrollar el puesto de CTO ya comenzó, cree que el retraso observado tiene que ver con “una adaptación de la visión de las compañías”, la que debe profundizarse para apuntalar el cambio necesario.

Gremes coincide. En parte al menos, pues expone que se precisa desarrollar el capital humano para que “puedan generar valor” y que “las empresas perciban ese valor y que estén dispuestas a apostar por eso”.

Cultura, libertad, y modelos de negocios

Federico Quevedo, en El Confidencial, retoma un trascendido de Amador Fernández-Savater, acerca de las negociaciones tras la escena para reintentar la "Ley Sinde". Nadie podría acusar a Federico Quevedo de anarco-libertario-ciberhacker, al menos:

La última cena de los auténticos ‘idiotes’ 

Fue el pasado 7 de enero, y lo cuenta en su blog el hijo del filósofo Fernando Savater, el editor Amador Fernández-Savater. Desde hacía varias semanas la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, organizaba una serie de cenas ‘discretas’ con gente de eso que se llama el mundo de la cultura para hablar sobre la Ley Sinde y el modo en que estos modernos integrantes de la Cueva de Alí Babá le van a parar los pies al progreso. Todo iba más o menos bien, porque nada se sabía de esas cenas, y todos sus integrantes guardaban un uniformado silencio sobre las mismas, hasta la fecha en cuestión en la que a alguien se le ocurrió invitar al ágape al hijo de Fernando Savater pensando que quizás, al igual que el padre, éste sería un firme defensor de los privilegios de los amigos de González-Sinde. Pero no era así. Nadie investigó a Fernández-Savater ni se preocupó por conocer lo que pensaba sobre el asunto, porque de haber sido así no hubiera sido invitado, y eso que tenemos que agradecer a los anfitriones porque, de lo contrario, nos habríamos perdido el contenido de una cena cuyo plato principal, en palabras del autor del post, fue el miedo.

“El miedo lo impregnaba todo. Miedo al presente, miedo al porvenir, miedo a la gente (sobre todo a la gente joven), miedo a la rebelión de los públicos, miedo a la Red”, escribe nuestro amigo. ¿Quiénes estaban en la cena, se preguntarán ustedes? Se lo pueden imaginar: Álex de la Iglesia, Soledad Giménez, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Alberto García Álix, Ouka Leele, Luis Gordillo, Juan Diego Botto, Manuel Gutiérrez Aragón, Gonzalo Suárez (relacionado con el ámbito de los vídeojuegos), Cristina García Rodero y alguna persona más. Todos contra él, contra Amador Fernández-Savater quien, según cuenta, se fue calentando a medida que avanzaba la cena y se avivaba el debate, ante el cúmulo de barbaridades que escuchó de boca del resto de los invitados. Hace unas semanas, a cuenta del rechazo de la Ley Sinde en el Congreso, escribí un artículo en el que afirmaba que el problema de la ministra –y con ella de todos estos paniaguados incapaces de ver más allá de la montura de sus gafas de oro de D&G- era que odiaba Internet y todo lo que Internet conlleva. Me equivoqué, porque en efecto no es un problema de odio, sino de miedo, y ese odio es producto de un miedo atroz al progreso. Y tiene narices que eso les pase a quienes van por la vida defendiendo su carácter progresista, a los mismos que hace décadas invadían la conciencia colectiva con la obsesión por la cultura en libertad, y que ahora quieren encerrar esa misma cultura en un búnker de plomo y cemento armado como bien dibuja en su post Fernández-Savater.

Miedo e ignorancia

Nadie como él ha resumido en tan pocas líneas lo que se respiraba en ese ambiente y lo que de verdad esconde la intención totalitaria de una ley absolutamente contraria a cualquier modelo de libertad y progreso: “Me preocupa que quien tiene que legislar sobre la Red la conozca tan mal. Me preocupa que sea el miedo quien está tratando de organizar nuestra percepción de la realidad y quien está tomando las decisiones gubernamentales. Me preocupa esa combinación de ignorancia y miedo, porque de ahí sólo puede resultar una cosa: el recurso a la fuerza, la represión y el castigo. No son los ingredientes básicos de la sociedad en la que yo quiero vivir”, afirma. Ni yo, pero extrañamente son los ingredientes básicos del modelo social que defiende e impulsa el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y no solo en lo que respecta a esta ley, sino a otras muchas actuaciones que navegan en la misma dirección de represión y abuso de poder, o ¿qué creen que hay detrás del llamamiento de Leire Pajín a que los ciudadanos delaten a quienes se les ocurra encender un cigarro a 99 metros de la puerta de un colegio o de un parque infantil? Represión, represión y represión. Y lo peor de todo es que visten ese recurso a la represión de política de Estado, y aquí sí les interesa que el Estado haga valer su fuerza y su poder frente a la supuesta amenaza de casi 30 millones de internautas de los que Manuel Gutiérrez Aragón dice que “no se les puede dar tregua porque es como pactar con los terroristas”. ¿Cabe mayor salvajada?

Pero esa es la actitud con la que este Gobierno se ha enfrentado al problema: “Sólo palpé ese miedo reactivo que paraliza la imaginación (política pero no sólo) para abrir y empujar otros futuros. Ese miedo que lleva aparejado un conservadurismo feroz que se aferra a lo que hay como si fuera lo único que puede haber. Un miedo que ve enemigos, amenazas y traidores por todas partes”, afirma Savater en su blog. Estos son los que se llaman progresistas, los que dan lecciones de moral y de ética, los que nos dicen cómo tenemos que ganar el futuro… Pero, en el fondo, no es más que una batalla de poder, y ellos mismos lo reconocen. “La batalla es política, y bastante antigua. Frente al Internet neoliberal, particularista, privada, habitada por vecinos, por idiotes, deberemos levantar una Internet republicana, universalista, pública, poblada por ciudadanos, por polites”, escribe en el diario Pravda el diputado socialista José André Torres Mora. Pero, no señor, los idiotes no son los millones de internautas que utilizan la Red para informarse, para intercambiar, para compartir, para conocer, para entretenerse, para ver, para escuchar, para observar, para reír y llorar, para sentir, para almacenar, para escribir, para grabar…, y que lo hacen igual desde la privacidad de un portátil escondido en un rincón de un armario que desde un ordenador a la vista del público en un cibercafé.

El búnker de los privilegios

No, señor, los idiotes que, una vez más, como siempre ha hecho la izquierda frente al progreso, quieren ponerle puertas al campo de la libertad son los que estaban sentados en aquella cena, los contertulios de Savater, los amigos de Torres Mora que quieren una Internet ¿republicana?, universalista y pública, sobre todo pública, es decir, controlada por el Estado, sometida al Estado, vigilada por el Estado y limitada por el Estado para evitar que esa ambición de libertad pueda acabar con su privilegio. Un privilegio que, extrañamente, se ha aliado con el capitalismo más feroz y salvaje, con las multinacionales de la producción cinematográfica y musical que son las que de verdad están presionando al Gobierno para que saque adelante una ley que se fundamenta en el miedo, que utiliza el miedo para combatir el propio miedo que en esta nueva casta de amigos del poder siente por la explosión de libertad que significa Internet y la nula capacidad de control que existe sobre la Eed y sus contenidos. Esa es la clave del asunto, no si Scarlett Johansson canta Yes we can o si Juan Diego Botto hace el signo de la ceja con su dedo índice, porque eso no es más que pura parafernalia servida en bandeja para distraer la atención de lo verdaderamente importante: que los auténticos idiotes están encerrados en su búnker intentando defender sus últimas posiciones de lo que ya se adivina como el hundimiento final.

Febriles negociaciones...

Aprobar la "ley antidescargas" va resultando mucho más difícil que lo que sus autores imaginaran...Si bien no está todo dicho, la cruda violación de derechos que implica, le hace muy complicado conseguir quiénes estén dispuestos a dar su voto. Según pasa el día, así lo cuenta El País:

Convergència i Unió (CiU) ha dado esta tarde por rotas las negociaciones con el PSOE para sacar adelante la polémica ley Sinde. Después de hasta tres retrasos en la votación, y una hora y media de debate, el Grupo Socialista había forzado una negociación con los nacionalistas catalanes para intentar salvar la llamada ley antidescargas. La razón de esa dilación era la petición del PSOE de arrancar a toda costa un acuerdo de los catalanes para no quedarse solo en la defensa de la famosa disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que prevé el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música.
Los catalanes, sabedores de la debilidad del Gobierno, han tratado de estrechar el cerco para que, a cambio de su respaldo a la ley Sinde, poder conseguir que los socialistas apoyen el grueso de sus enmiendas -han presentado 200- sobre las más variadas materias (fiscalidad de vivienda, transporte, seguros, biotecnológicas, fiscalidad nucleares y otras) que nada tenían que ver con Internet.

Pero esta tarde, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Sánchez i Llibre, ha anunciado la ruptura de las negociaciones y ha dicho al Gobierno que "negocien con sus socios naturales", tras sentirse segundo plato tras la negativa de PNV de respaldar la iniciativa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha mostrado tranquila al conocerse el fracaso de las negociaciones porque cree que la LES saldrá adelante sin la enmienda de la ley antidescarga. Esta será debatida en el Senado a partir del 18 de enero, cuando celebre su primer pleno del próximo año. No obstante, sus detractores no deben cantar aún victoria. En el Senado, el Grupo Socialista puede negociar con PNV para tratar de ganar su apoyo, y en caso de fracaso, buscar un acuerdo con el PP. Sin embargo, el golpe de efecto y el varapalo al Gobierno serían difíciles de curar.
No se han cumplido las previsiones de que el Congreso iba a pasar de puntillas sobre la ley antidescargas. Porque si algo ha habido hoy ha sido debate. La que ha pasado desapercibido es el resto de la LES que apenas mereció unos comentarios de los ponentes.
Oposición a la ley antidescargas
La refriega sobre ley Sinde encendió la Comisión desde el principio. El PP, que había presentado varias enmiendas para asegurar una mayor intervención judicial en todo el proceso, quiso sostener un discurso equidistante. Apoyo a los derechos de propiedad intelectual pero rechazo absoluto al proyecto del Gobierno. Para el PP, la disposición intenta "maquillar" con un procedimiento judicial rápido, el que un órgano administrativo como la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, pueda cerrar páginas webs. "En la práctica sería posible cerrar webs sin la debida garantía judicial lo que abre la puerta a que desde el poder político se vulneren derechos fundamentales como el de la libertad de expresión", según José María Lasalle.
Marta Gastón, ponente del PSOE, le refutó que sólo "la Justicia puede decidir el cierre de una web", y aseguró que no se puede "desproteger a un sector que da empleo a 800.000 personas y representa el 4% del PIB". Recordó que la subcomisión de Cultura acordó por mayoría dar unas garantías mínimas de protección a la propiedad intelectual y afirmó: "Si protegemos más a los ladrillos que las ideas, estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos".
El rechazo fue rotundo por parte del PNV, mucho más beligerante que el que se esperaban en los bancos socialistas. "Nuestro grupo está profundamente en contra" de la ley Sinde, señaló Aizpiazu, que pidió una completa reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual.
Ya anunciada, la oposición de ERC-ICV-IU. La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, no dudó en pedir que se retire "la ley de la patada en el módem", mientras que Joan Ridao (ERC) la calificó de "chapuza de Pepe Gotera y Otilio". "Responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense como ha revelado Wikileaks al que se ha prestado el Gobierno", aseguró. También Coalición Canaria se opone a la ley Sinde.
Y en agua de nadie, y haciendo equilibrios, Josep Sánchez-Llibre, portavoz de CiU, alimentó el suspense sobre la ley Sinde: "Estamos a favor de proteger la propiedad intelectual para asegurar la autonomía cultural y la dignidad profesional de los artistas".Eso dentro de la Comisión, porque nada más salir, ante el corrillo de periodistas dio por cerrada la posibilidad de un acuerdo y anunció el voto en contra.
Y vuelta a empezar. El PSOE pidió a la mesa de la Comisión hasta tres aplazamientos para intentar doblegar la resistencia de CiU mientras se celebra el pleno que durará al menos cuatro horas. En los pasillos se podía ver a Francisco Miguel Fernández Marugán, del PSOE, intentando convencer a Sánchez-Llibre de que rectifique. No hablaban de nada que tenga que ver con las descargas. Sino de impuestos y transportes.

Protestas
Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.
Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto llamado "Si es legal, es legal" de Facua-Consumidores en Acción contra la ley Sinde, superando así las 35.000 firmas que han sido enviadas a los portavoces de la Comisión de Economía, para pedirles que "no aprueben una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos".

Nota: A última hora, la propuesta no fue aprobada.

España votará contra la libertad de acceso a Internet?

Ya he publicado antes en otro lugar lo que dijo Antonio Delgado; quisiera reproducir lo que acaba de explicar Enrique Dans:

Artículo escrito en contestación a uno del mismo título publicado por Ramón Muñoz en El País. Con posterioridad, el artículo ha sido aparentemente enmendado, la firma de Ramón Muñoz ha desaparecido del mismo, y ha recibido un enfoque algo más plural. El texto del artículo original repleto de inexactitudes y firmado por Ramón Muñoz está disponible aquí. A continuación, mis respuestas a las preguntas enunciadas en el mismo:
¿Cuándo nace la ley?
La Ley nace debido a las presiones del gobierno norteamericano sobre diversos estamentos de la administración española, como de manera clara y evidente revela la secuencia de documentos filtrados por WikiLeaks. Pretender que esta legislación fue de alguna manera “una idea española” es, sencillamente, insultar al sentido común, faltar al buen nombre del periodismo, y tomar a los lectores por imbéciles, algo indigno de un diario como El País. Tras las presiones de Estados Unidos, toda la tramitación de la ley ha sido la crónica de un atentado a la democracia: la “Ley Sinde” fue introducida de rondón en la Ley de Economía Sostenible sin tener nada que ver con la misma, se convirtió en el tema más polémico y que suscitó más contestación pública de todo su texto, y ahora se va a aprobar negando toda posibilidad de enmiendas, por la puerta de atrás, mediante una comisión de ocho diputados actuando por competencia legislativa plena, un mecanismo que debería estar reservado para temas menores.
¿Quién ha propiciado la ley?
La administración norteamericana, la misma que destina millones de dólares a la “educación” de jueces extranjeros. En muchos países, la concepción de la propiedad intelectual tiene mucho más sentido que el talibanismo imperante en los Estados Unidos: criminalizar las acciones de un porcentaje elevadísimo de los usuarios de la red es contrario al sentido común, y más cuando se demuestra que la compartición de obras se ha convertido en un “signo de los tiempos” de imposible erradicación y que no impide que los artistas sigan sosteniendo sus ingresos: muchos artistas, tras adaptarse al nuevo entorno, pueden de hecho ganar más dinero.
La ley es propiciada, pura y simplemente, por quienes han visto cómo los jueces, no en una ni en dos, sino en catorce ocasiones, han decidido que la actividad de las páginas de descargas no era constitutiva de delito. Dado que no están de acuerdo con la manera en la que los jueces españoles interpretan la ley, han decidido arrebatar la competencia a los jueces y tomarla por asalto mediante una comisión administrativa en manos del Ministerio de Cultura. Es decir, en manos de la parte interesada. Un clarísimo fraude de ley y un auténtico atentado a la democracia.
¿Quién se opone a la ley?
La práctica totalidad de la sociedad española se opone frontalmente a la Ley Sinde. La evidencia de manipulación y de burla a la ciudadanía que ha conllevado su tramitación ha irritado a amplios sectores de la sociedad, y algunos de los que la apoyan figuran entre los personajes más odiados de España, con sentimientos que se aproximan peligrosamente a la alarma social. El movimiento en contra de la Ley Sinde ha reunido a decenas de miles de internautas que han expresado su disconformidad y su protesta en la red: el manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” fue republicado en un número elevadísimo de páginas por todo lo largo y ancho de la red en cuestión de pocas horas, y el grupo en Facebook del mismo nombre agrupa a más de doscientas treinta mil personas.
¿Qué es la revuelta digital?
La revuelta digital no es ni más ni menos que la expresión de la disconformidad de cientos de miles de ciudadanos con este tema, unos con más visibilidad que otros. La revuelta digital puede en realidad verse en las conversaciones de café, en el día a día o en la expresión de miles de páginas de todo tipo en la red. El día, por ejemplo, que las páginas de descargas decidieron cerrar sus puertas anticipándose al efecto de la “Ley Sinde”, miles de ciudadanos acudieron a expresar su disgusto a las páginas destinadas a tal efecto.
¿Qué pretende la ley?

La ley pretende, lisa y llanamente, criminalizar una actividad que los jueces han dicho y reiterado que no era constitutiva de delito. La excusa es tan alucinante y antidemocrática como que “los jueces aplicaban mal el código penal”, como si hablásemos de “aficionados” o de “ignorantes”. La ley Sinde es uno de los mayores despropósitos legales que ha podido presenciar nuestra democracia, y además, ideada más allá de nuestras fronteras, para defender los intereses de una industria extranjera.

¿Cuál es el procedimiento para cerrar una web?

El procedimiento es completamente asimétrico: cuatro días para cerrarla, uno o dos años para afrontar un absurdo procedimiento de reapertura convertido en irrelevante porque en Internet, dos años después, ya nada vale la pena ni permanece donde estaba. Es una justicia paralela hecha a medida de las sociedades de gestión de derechos de autor, como si fueran miembros de otra casta que tienen su propios tribunales.
¿Podré seguir descargando archivos cuando entre en vigor la ley?
En realidad, que puedas seguir descargando o no es completamente irrelevante: la ley es un liberticidio. No estamos protestando por el derecho a descargar musica o películas, estamos protestando por un atentado a los derechos fundamentales. Con respecto a las descargas, la ley es tan profundamente idiótica y absurda que, en realidad, no servirá para nada. Las páginas que se cierren reabrirán en otros lugares, seguramente fuera de nuestras fronteras, y convertirán la red en un auténtico juego del gato y el ratón: los proveedores de servicio recibirán demandas de bloqueo de direcciones IP, y las páginas irán cambiando su dirección IP a medida que ésta sea bloqueada. Como bien decía Albert Einstein, “nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución“.
¿Qué páginas pueden verse afectadas?
Pretender que la Ley Sinde es “quirúrgica” y que está diseñada para atacar a “doscientas páginas web que provocan el 90% de las descargas” es algo que ofende a toda inteligencia. Primero, porque sería estúpidamente desproporcionado. Segundo, porque no se puede “confiar” en quien hace la ley y en los propósitos que dice tener con ella: una ley permanece en el tiempo, y podría ser utilizada por cualquier gobierno en el poder para los fines que estime oportunos. Cualquier página, independientemente de su naturaleza, puede ser afectada por una ley que, en realidad, construye un escenario idéntico al existente en países como China o Irán. La “Ley Sinde” es una auténtica “Ley de la patada en el router“.
¿Cómo se financian estas páginas?
El cómo se financian estas páginas es completamente irrelevante de cara a la ley. La ley permite cerrar cualquier página, independientemente de su mecanismo de financiación. Las entidades de gestión han alimentado absurdos mitos y cuentos de viejas sobre los miles de millones en publicidad que supuestamente ganan las páginas de descargas. En realidad, estas páginas tienen ingresos sumamente discretos. Si los ingresos de estas páginas fuesen tan elevados como las mentiras de la industria afirman, habrían encontrado el filón para su presunta crisis: hagan lo mismo que hacen ellas. Habría supuestos millones de supuestos euros para supuestamente repartir.
¿Y los sitios de almacenamiento (hosting) como Megaupload o Rapidshare?
Como cualquier página en la red, pueden ser afectados. La Ley Sinde no habla para nada del tipo de página ni define en modo alguno la naturaleza de las mismas, simplemente permite que una página pueda ser cerrada por la vía rápida si una comisión dependiente del Ministerio de Cultura así lo decide. Que pretendan hacer creer que van a por una lista de doscientas páginas – que no han sido capaces de cerrar mediante el recurso a los jueces, no lo olvidemos – no quiere decir que mañana cierren esta misma página que tienes delante de los ojos, o cualquier otra.
¿Seguirá funcionando los programas p2p como eMule o los basados en Bittorrent (Ares, Azureus, etcétera)?
Por supuesto. El drama de esta ley es que, en realidad, las descargas pueden continuar sin necesidad de repositorios de enlaces, debido a la evolución de los protocolos P2P. La actividad de intercambio es completamente imparable, y las paginas de descarga únicamente ofrecen repositorios de enlaces para hacer la tarea más sencilla, como lo haría cualquier buscador. Montar todo un esperpento legal y un moderno “tribunal de la Santa Inquisición” para supuestamente perseguir a doscientas páginas es algo tan absurdo que debería llevarnos a exigir la cabeza de la ministra de cultura.
¿Cuándo entraría en vigor?
Siguiendo el guión establecido por las presiones del “amigo americano”, la idea sería tener la legislación lista lo antes posible, es decir, alrededor de mayo del próximo año. Tras la vergonzosa aprobación “por la puerta de atrás”, es preciso que el texto vaya al Senado, donde esperemos que se produzca algo más de resistencia y sea devuelta al Congreso para su discusión, esta vez esperemos que en Pleno. Esto permitirá a la ciudadanía asistir a una discusión en la que todos los partidos tendrán que retratarse, y hacer frente a las reclamaciones de sus votantes. Tras ese paso, desarrollo de reglamento y promulgación. En el medio, está el desprecio a la Subcomisión de Propiedad Intelectual, que ha quedado completamente desautorizada, y una reforma de dicha propiedad intelectual obviamente necesaria y que debería dejar obsoleta esta ley. Pero como en España la justicia, la democracia y la separación de poderes se han convertido en elementos de política-ficción, pues vaya usted a saber.

Monopolio, via directa al atraso

Alnair, en GurusBlog, explica con un ejemplo simple y a propósito, tanto por la semejanza actual como por su reminiscencia de los derechos de paso medievales, cómo un modelo de negocios monopolista termina perjudicando a todos. Sorprendentemente, hoy es el "partido progresista", quien sostiene ese modelo en el manejo de las comunicaciones. El post:

Erase una vez un país que, en pos de la modernidad y la eficiencia, decidió privatizar toda su red de carreteras. Sin embargo, durante el proceso, algo salió mal. En la licitación, un grupo empresarial se hizo con la práctica totalidad de las vías principales.
Al tener ese grupo un cuasi monopolio de las autopistas y carreteras, esta pudo establecer unos peajes generosos que le dieron pingües beneficios. Con dichos beneficios pudo incluso expandirse al extranjero y convertirse en uno de los mayores grupos mundiales en su sector.

A causa de la baja competencia en su país de origen, la empresa no tenía muchos incentivos para ampliar el número de carriles o construir nuevas vías alternativas. Al fin y al cabo, todo aquél que quisiera moverse ya tenía que pasar por alguno de sus peajes. Más carriles y más vías hubieran incrementado los gastos pero los ingresos hubieran sido más o menos los mismos.
Lógicamente los usuarios estaban muy insatisfechos. Consideraban su red de carreteras lenta, colapsada y poco eficiente. Y empezaron a aparecer voces para reclamar medidas para aumentar la competencia y la construcción de más y mejores vías de comunicación.
Ante estas críticas, la empresa respondió que el problema no era que las vías fueran insuficientes, sino que las empresas las utilizaban demasiado, transportando muchas mercancías en camiones y beneficiándose económicamente con ello. Eso colapsaba toda la red. La construcción de nuevas vías no era económicamente posible ya que los precios eran muy bajos. Pero ellos ofrecían una solución. Si las empresas pagaran, no por los kilómetros recorridos y el número de ejes del vehículo, si no por el valor de la mercancía que transportaba, entonces si saldrían las cuentas y se podrían construir más y mejores autopistas.
Las clases gobernantes, con la misma capacidad de visión de futuro que cuando privatizaron las carreteras, les pareció razonable. Así se tendrían más carreteras donde más actividad económica hubiera, pensaron, ya que esa nueva tarificación generaría incentivos para construir nuevas carreteras.
Algunas voces se levantaron en contra. Esgrimían que la circulación por las carreteras tenía que mantener su neutralidad. Que el valor de la mercancía no afectaba para nada a las carreteras y que lo único que se debía tarifar era el volumen y que los peajes eran más que suficientes para financiar la ampliación de la red viaria como se demostraba viendo que en otros países con más competencia, esa misma empresa invertía más y cobraba peajes más económicos. Nadie les escuchó.
Con el paso de los años, las carreteras dejaron de estar colapsadas. El transporte de mercancías valiosas bajó, ya que las empresas de más alto valor añadido no pudieron competir con las de otros países. Solo permanecieron aquellas empresas que necesitaban poco o ningún transporte o con mercancías poco valiosas. Las exportaciones disminuyeron enormemente y las importaciones resultaban muy caras. La gente tenía que comprar productos más caros aunque estos se produjeran más baratos en otro sitio, puesto que el precio del transporte no compensaba. El país sufrió un retraso de décadas respecto a sus vecinos comparables.
Y es que la neutralidad de las carreteras resultó ser un factor fundamental para el libre tránsito de mercancías, y por tanto para el libre mercado. Los ciudadanos descubrieron demasiado tarde que si con su pasividad dejaban que su gobierno priorizara los intereses del capital por encima de los intereses del libre mercado, las consecuencias para el futuro del país son desastrosas.

Las carreteras del futuro son las líneas de telecomunicaciones y España cada vez se parece más a ese país imaginario. Ya hemos acumulado un retraso considerable en este aspecto. Las insuficientes infraestructuras de telecomunicaciones están limitando el progreso de nuestro país y capando el talento de muchos jóvenes, impidiendo que se convierta en riqueza para todos. Telefónica ya nos ha chuleado bastante y no debemos tolerar que nos vuelva a poner la mano en la caja.

La elección está en nuestras manos. Neutralidad o miseria.

Reclamos empresarios por la red neutral

En ABC, hoy:

La Asociación Española de la Economía Digital (adigital), que agrupa a más de 500 empresas, ha solicitado a los grupos parlamentarios coincidiendo con el debate en el Senado que se celebrará este martes un acuerdo que garantice «un uso abierto e imparcial de internet para todos los usuarios, independientemente de sus fines y objetivos».
En un comunicado publicado en su web, la addigital apunta los que considera los puntos clave sobre los que se debería construir una ley que proteja el principio esencial de la neutralidad de la Red. Son los siguientes:
1. En ningún caso los paquetes de datos pueden ser discriminados por razones de origen, destino, protocolo o contenido.
2. Las operadoras no pueden alterar el libre mercado y la libertad de competencia introduciendo en sus servicios factores que distorsionan la competitividad.
3. La circulación de los datos a través de la red de cualquier proyecto empresarial, institucional o privado debe ser libre, y no sujeta a posibles acuerdos con los teleoperadores. Estos acuerdos obstaculizarían la innovación y el desarrollo en este canal.
4. Las restricciones al tráfico en internet sólo deben producirse en casos excepcionales, y deben realizarse de forma pública y con un criterio de máxima transparencia.
5. Es imprescindible que la Ley incorpore un marco sancionador y un procedimiento eficiente para la resolución de los conflictos que surjan en este ámbito».
Este colectivo, en el que se agrupan grandes anunciantes, empresas dedicadas al comercio electrónico, entidades financieras, agencias digitales o representantes del sector de distribución, entiende que «la revolución económica y social que ha supuesto la Red en los últimos años sólo ha sido posible gracias a la neutralidad» y es, por este motivo, por el que desde esta asociación se ve indispensable una legislación garantista de este principio.

Una #redada a favor de la neutralidad
Las iniciativas en favor de una red neutral se vienen sucediendo en los últimos tiempos, especialmente impulsadas por grupos de ciudadanos organizados en torno a la causa. Es el caso de la campaña de movilización emprendida hace unos meses por blogueros y profesionales de distintos ámbitos para recoger más de medio millón de firmas y redactar un proyecto de ley que garantice el principio de la neutralidad de la Red o la reciente reunión que protagonizó hace unos días un grupo de ciudadanos, bautizada en Twitter bajo el hashtag #redada, para debatir y promover acciones que impulsen una legislación en la materia.
El debate sobre la neutralidad en internet vuelve este martes al Senado. Entre los puntos del orden del día figura la moción que presentará el Grupo Socialista, Entesa Catalana, CiU, PNV y grupo Mixto como alternativa al texto planteado por el PP y que fue rechazado en la anterior sesión.