Febriles negociaciones...

Aprobar la "ley antidescargas" va resultando mucho más difícil que lo que sus autores imaginaran...Si bien no está todo dicho, la cruda violación de derechos que implica, le hace muy complicado conseguir quiénes estén dispuestos a dar su voto. Según pasa el día, así lo cuenta El País:

Convergència i Unió (CiU) ha dado esta tarde por rotas las negociaciones con el PSOE para sacar adelante la polémica ley Sinde. Después de hasta tres retrasos en la votación, y una hora y media de debate, el Grupo Socialista había forzado una negociación con los nacionalistas catalanes para intentar salvar la llamada ley antidescargas. La razón de esa dilación era la petición del PSOE de arrancar a toda costa un acuerdo de los catalanes para no quedarse solo en la defensa de la famosa disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que prevé el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música.
Los catalanes, sabedores de la debilidad del Gobierno, han tratado de estrechar el cerco para que, a cambio de su respaldo a la ley Sinde, poder conseguir que los socialistas apoyen el grueso de sus enmiendas -han presentado 200- sobre las más variadas materias (fiscalidad de vivienda, transporte, seguros, biotecnológicas, fiscalidad nucleares y otras) que nada tenían que ver con Internet.

Pero esta tarde, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Sánchez i Llibre, ha anunciado la ruptura de las negociaciones y ha dicho al Gobierno que "negocien con sus socios naturales", tras sentirse segundo plato tras la negativa de PNV de respaldar la iniciativa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha mostrado tranquila al conocerse el fracaso de las negociaciones porque cree que la LES saldrá adelante sin la enmienda de la ley antidescarga. Esta será debatida en el Senado a partir del 18 de enero, cuando celebre su primer pleno del próximo año. No obstante, sus detractores no deben cantar aún victoria. En el Senado, el Grupo Socialista puede negociar con PNV para tratar de ganar su apoyo, y en caso de fracaso, buscar un acuerdo con el PP. Sin embargo, el golpe de efecto y el varapalo al Gobierno serían difíciles de curar.
No se han cumplido las previsiones de que el Congreso iba a pasar de puntillas sobre la ley antidescargas. Porque si algo ha habido hoy ha sido debate. La que ha pasado desapercibido es el resto de la LES que apenas mereció unos comentarios de los ponentes.
Oposición a la ley antidescargas
La refriega sobre ley Sinde encendió la Comisión desde el principio. El PP, que había presentado varias enmiendas para asegurar una mayor intervención judicial en todo el proceso, quiso sostener un discurso equidistante. Apoyo a los derechos de propiedad intelectual pero rechazo absoluto al proyecto del Gobierno. Para el PP, la disposición intenta "maquillar" con un procedimiento judicial rápido, el que un órgano administrativo como la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, pueda cerrar páginas webs. "En la práctica sería posible cerrar webs sin la debida garantía judicial lo que abre la puerta a que desde el poder político se vulneren derechos fundamentales como el de la libertad de expresión", según José María Lasalle.
Marta Gastón, ponente del PSOE, le refutó que sólo "la Justicia puede decidir el cierre de una web", y aseguró que no se puede "desproteger a un sector que da empleo a 800.000 personas y representa el 4% del PIB". Recordó que la subcomisión de Cultura acordó por mayoría dar unas garantías mínimas de protección a la propiedad intelectual y afirmó: "Si protegemos más a los ladrillos que las ideas, estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos".
El rechazo fue rotundo por parte del PNV, mucho más beligerante que el que se esperaban en los bancos socialistas. "Nuestro grupo está profundamente en contra" de la ley Sinde, señaló Aizpiazu, que pidió una completa reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual.
Ya anunciada, la oposición de ERC-ICV-IU. La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, no dudó en pedir que se retire "la ley de la patada en el módem", mientras que Joan Ridao (ERC) la calificó de "chapuza de Pepe Gotera y Otilio". "Responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense como ha revelado Wikileaks al que se ha prestado el Gobierno", aseguró. También Coalición Canaria se opone a la ley Sinde.
Y en agua de nadie, y haciendo equilibrios, Josep Sánchez-Llibre, portavoz de CiU, alimentó el suspense sobre la ley Sinde: "Estamos a favor de proteger la propiedad intelectual para asegurar la autonomía cultural y la dignidad profesional de los artistas".Eso dentro de la Comisión, porque nada más salir, ante el corrillo de periodistas dio por cerrada la posibilidad de un acuerdo y anunció el voto en contra.
Y vuelta a empezar. El PSOE pidió a la mesa de la Comisión hasta tres aplazamientos para intentar doblegar la resistencia de CiU mientras se celebra el pleno que durará al menos cuatro horas. En los pasillos se podía ver a Francisco Miguel Fernández Marugán, del PSOE, intentando convencer a Sánchez-Llibre de que rectifique. No hablaban de nada que tenga que ver con las descargas. Sino de impuestos y transportes.

Protestas
Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.
Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto llamado "Si es legal, es legal" de Facua-Consumidores en Acción contra la ley Sinde, superando así las 35.000 firmas que han sido enviadas a los portavoces de la Comisión de Economía, para pedirles que "no aprueben una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos".

Nota: A última hora, la propuesta no fue aprobada.